La iniciativa que la legisladora jalisciense Soraya Flores Carranza presentó en el Congreso de la Unión, establece una adición a la Ley General de Salud, que implicaría hasta ocho años de prisión para quienes incurran en esta falta.
El comercio de productos ilegales ha ganado presencia en las actividades agrícolas del país y se ha convertido en una fuente de riesgo en términos de salud, medio ambiente y desarrollo económico en el campo. Para revertir esta situación y evitar mayores afectaciones al sector, la diputada federal Soraya Flores Carranza presentó ante el pleno una iniciativa para hacer modificaciones a la Ley General de Salud, de modo que se tipifique como delito cualquier actividad que involucre la presencia de químicos o derivados vegetales que estén desautorizados o no cumplan con los estándares y medidas de calidad impuestas por Sagarpa, Semarnat y Cofepris.
El documento señala: “Con esta iniciativa se pretende crear un nuevo tipo penal que se encuentre ubicado en un artículo diferente (art. 456 Bis) de la Ley General de Salud en el cual se establezca como delito la elaboración, introducción, transporte, distribución, almacenamiento, posesión, o actos con plaguicidas o nutrientes vegetales ilegales o falsificados, física o químicamente. Se impondrá de uno a ocho años de prisión y multa equivalente de cien a dos mil Unidad de Medida y Actualización”.
“Ante este auge y ante la necesidad real que existe de modernizar los métodos de producción, al igual que la tecnificación, la implementación de maquinaria en la cadena productiva, el uso de semillas mejoradas y la sanidad e inocuidad en los productos, debemos estar alertas y poner candados para inhibir la aplicación y toda clase de actividad relacionada con plaguicidas, fertilizantes y abonos, así como de semillas, o agentes biológicos fuera de norma, es decir, falsificados, adulterados, re-etiquetados o robados”, subrayó.
Los efectos y riesgos para la salud humana, advirtió, pueden ser desde una leve irritación en la piel, trastornos sanguíneos y nerviosos, hasta cambios genéticos, insuficiencia respiratoria y tisular, coma y hasta la muerte.
De igual manera, el uso de estos productos puede llegar a afectar cultivos completos, provocar contaminación del aire, suelo, aguas subterráneas y los sistemas de drenaje, al igual que puede generar un impacto negativo en la flora y fauna, indicó Flores Carranza quien representa al Distrito II, con sede en el municipio de Lagos de Moreno, en la región Altos Norte de Jalisco, una zona en donde existe gran producción de alimentos.
Este tipo de iniciativa es para contribuyen a la producción de nuestros campos, a la seguridad de nuestros agricultores, pero sobre todo a proteger la salud de todas y todos los ciudadanos que consumen productos agrícolas en nuestro país”, concluyó la legisladora por Jalisco.
